Ministra de Justicia aclara dudas de congresistas ante solicitud de prórroga del contrato con la ESPH

San José 21 de enero. Esta tarde, la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, atendió las consultas de los diputados de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico acerca de la prórroga del contrato de monitoreo electrónico con la ESPH solicitada por esta cartera a la Contraloría General de la República (CGR), así como el funcionamiento de la Unidad de Monitoreo Electrónico (UME). La misma jerarca fue quien solicitó la audiencia para aclarar las dudas que han surgido en torno al tema.

La jerarca recalcó que la UME experimentó una serie de mejoras durante el 2020. Por ejemplo, se mudó a otras instalaciones, se reforzó con más personal, se implementó un nuevo modelo de atención a la población penitenciaria y se cambió la plataforma tecnológica de monitoreo junto con los dispositivos que usan las personas monitoreadas.

Por otro lado, el cambio tecnológico le representó al país un ahorro de US$1.7 millones, un 11% de disminución con respecto al año previo, pues el costo diario por brazalete pasó de $17 a $12.5.

La jerarca también expuso las razones que llevaron a esta cartera a no publicar el cartel de licitación el año pasado.

“Hubiera sido irresponsable publicar el cartel de licitación en medio de un proceso tan complejo y logísticamente complicado como el cambio de tecnología, sin contemplar el aprendizaje que traía su proceso de implementación. No era materialmente posible lanzar una licitación sin incluir esta experiencia”, explicó Salazar a los congresistas.

La ministra explicó que la necesidad de extender el contrato se deriva de dos procesos que se estaban llevando a cabo simultáneamente durante el 2020: la mejora de la UME y la preparación del cartel de licitación, ambas íntimamente vinculadas con las lecciones aprendidas del nuevo proceso.

También recalcó que la solicitud de extensión de plazo cumple con todos los requerimientos legales del marco normativo.

Preservar el interés público. “La extensión del contrato, el presupuesto extraordinario solicitado al Ministerio de Hacienda y el lanzamiento de la licitación en los próximos días son la mejor forma de preservar el interés público. Por un lado, porque le permite al país mantener una modalidad de ejecución de la pena que posibilita la inserción social y que implica un menor costo que el régimen cerrado. Pero también preserva el interés público porque permite capitalizar todo el proceso de aprendizaje que nos ha dejado la implementación de la nueva tecnología y los nuevos procesos de cara a la etapa con el nuevo proveedor que se contrate”, adujo la Ministra.

Salazar también expuso sobre los hallazgos de la auditoría que la CGR realizó el año pasado al UME.

Les indicó a los miembros de la Comisión que los señalamientos del informe confirman la importancia de incorporar en el cartel de licitación las lecciones aprendidas durante las mejoras de la UME en el 2020, especialmente en lo que se refiere a mejora de procesos, registro y control, para los cuales la CGR estableció plazos de cumplimiento entre los 6 meses y un año.

“Nosotros mismos le manifestamos a la Contraloría el interés en una segunda auditoría a mitad del 2021 para verificar el avance en el cumplimiento de las disposiciones emitidas”, concluyó la Ministra.

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